domingo, 21 de agosto de 2016

Presentación


fraude. (Del lat. fraus, fraudis).
1. m. Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica
a la persona contra quien se comete.
2. m. Acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio
del Estado o de terceros.
3. m. Der. Delito que comete el encargado de vigilar la ejecución
de contratos públicos, o de algunos privados, confabulándose
con la representación de los intereses opuestos.

La complejidad y la amplitud de los problemas planteados por la implantación
en el Uruguay de monocultivos de árboles en gran escala y la instalación
de grandes plantas de producción de celulosa, así como las dificultades
para realizar en la sociedad un debate serio y abierto en torno a estos
temas, nos han llevado a intentar este nuevo aporte a la discusión.

Hemos organizado en forma cronológica una exposición de nuestras
investigaciones sobre las diferentes facetas de este tema. Más allá de nuestro
punto de vista, que no se esconde, presentamos las opiniones de varios
actores afectados, sobre todo las de los que han sido menospreciados por
las autoridades, las empresas y los medios a su servicio.

En efecto, hasta 2005 habían sido soslayados sistemáticamente por el
gobierno los distintos llamados de atención y las evidencias de los efectos
de este modelo productivo, pero desde ahí en adelante, cuando el gobierno
del Frente Amplio refrendó el camino iniciado por sus antecesores, todo
el aparato oficial y oficioso se dedicó a ahogar la disidencia.

El hilo conductor de este proceso es una sucesión de fraudes. El primer
fraude es la propia ley Forestal, aprobada en 1987 e implementada por
los gobiernos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle, que justificó el uso de suelos
“inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter
permanente y provechoso”, algo muy lejos de lo hecho realmente.

Fraude al no asumir que se estaba introduciendo un nuevo modelo
productivo en el campo uruguayo y al no investigar y tomar las medidas
necesarias cuando comenzaron a sentirse los primeros efectos: concentración
y extranjerización de la propiedad de la tierra, expulsión de la familia
rural, reducción de las fuentes de agua, aumento de plagas, etc.

Fraude de las evaluaciones de impacto ambiental de las empresas forestales
y productoras de celulosa, que no brindan las informaciones apropiadas
e ignoran los estudios existentes sobre los impactos de sus actividades.
Y fraude de las autoridades ambientales nacionales que deberían obligarlas
a rectificarse y a cumplir las disposiciones legales vigentes.

Fraude de las evaluaciones de impacto ambiental y social de instituciones
financieras como el BID y el Banco Mundial, que utilizan sus principios
de sustentabilidad y de participación social, e incluso sus instancias de
consulta con los sectores afectados, sólo como fachada para proseguir sus
políticas tradicionales de apoyo a los proyectos del gran capital.

Fraude político del gobierno de Tabaré Vázquez, electo por su oposición
a las políticas de los gobiernos anteriores, en particular a la política
forestal y a la autorización de plantas de celulosa, que no sólo las mantuvo
sino que las profundizó. Un gobierno que se autodefine como progresista
y estigmatiza a los movimientos sociales que se le oponen.

Fraude, por fin, al desviar la atención y evitar la discusión de las cuestiones
principales en juego mediante la exacerbación nacionalista en el
diferendo con Argentina y, sobre todo, con la población de Gualeguaychú
por el uso compartido del río Uruguay. Si se evalúan las consecuencias de
estos hechos, se puede hablar de irresponsabilidad política.

El fraude de la celulosa
Víctor L. Bacchetta
setiembre 2008
Doble clic • Editoras
Montevideo - Uruguay


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